Una última oportunidad

Previsiblemente mañana el Congreso aprobará la reforma del Código Civil, después del veto en el Senado la pasada semana. Como “mientras hay vida, hay esperanza” no está de más volver sobre el tema para ver si a fuerza de insistir conseguimos mover alguna conciencia.

No puede decirse que haya leyes sólo para algunos, sino que la ley nos afecta a todos. Por tanto el gobernante tiene obligación de pensar en cómo una ley afecta al conjunto de la sociedad y no solo a aquel grupo al que directamente se orienta. Es como si se dijese que al regular en materia impositiva, el gobernante sólo debe pensar en los que pagan impuestos, cuando precisamente lo que ocurre es más bien al revés: se establecen las cargas impositivas pensando en las necesidades de todos, también de aquellos que no pagan impuestos. Del mismo modo no es apropiado decir que como la reforma del Código Civil sólo se refiere a las parejas homosexuales sólo hay que pensar en ellas, sino que hay que pensar en qué efectos supone para el conjunto de la sociedad.

Un amigo mío suele decir que siempre que se hace una lista de cosas buenas, al lado hay que poner otra de cosas malas. Cuando sólo se hace una de las dos es que se ha pensado poco o que el juicio está deliberadamente sesgado. Lo que he visto en todo este tiempo es que los partidarios de la reforma sólo hacen una de las dos listas.

Corresponde al gobernante decidir si a una determinada reivindicación se le da apoyo legal o no. En una sociedad no se pueden aceptar todas las reivindicaciones, entre otras cosas porque habrá reivindicaciones que sean contradictorias entre sí, y por tanto si se acepta una no se podrá aceptar su contraria. Si es así, es muy importante que el gobernante tenga muy claros los criterios por los que discrimina entre reivindicaciones. Por ejemplo, se puede llegar a la conclusión de que fumar es perjudicial, no sólo para los fumadores sino también para los fumadores pasivos, y por tanto el gobernante decide limitar a los fumadores su “derecho” a fumar: “usted en su casa fume cuánto quiera, pero en los lugares públicos se lo prohibimos”. “Oiga, usted dentro del armario acuéstese con quien quiera, pero si usted sale del armario, no por el hecho de convertir en pública su conducta la sociedad está obligada a regularla”, sino que es entonces cuando la sociedad debe preguntarse si esta conducta es buena o no para lo sociedad, y llegado el caso –y que nadie se escandalice- limitar o al menos no regular tales conductas. Las opiniones a favor se han movido más en la línea de la emotividad, mientras que en el otro lado se han dado una serie de argumentos antropológicos, culturales, sociales y políticos muy claros y contundentes.

Cuando se legisla se hace pensando no en personas concretas sino en pautas generales. Cuando se limita, por ejemplo, la velocidad en la carretera no se toma como referencia las habilidades de un corredor de Fórmula 1 sino las del común de los mortales. La oposición a esta reforma no es en contra de personas concretas o de casos ejemplares, sino de equiparar un determinado comportamiento muy minoritario a una tradición secular ampliamente aceptada.

En democracia los procedimientos también son importantes. Cuando el actual gobierno llegó al poder, una de sus primeras medidas fue paralizar la ley de calidad de la educación con el argumento de que había sido una ley aprobada sin consenso y con una amplia oposición. Ahora, en cambio, se quiere llevar adelante esta reforma que no ha sido debatida, que ha generado una amplísima oposición y que cuenta con varios dictámenes en contra.

Lo mejor que podría pasar mañana es que el Congreso parase la aprobación y se tomase el tiempo necesario para un debate racional y no sólo emocional, tratando de ir más allá de las reivindicaciones y pensando en las consecuencias para la sociedad. Pero quizás sea pedir demasiado.

(Publicado en ABC Catalunya, 29 junio 2005)