26 septiembre, 2005

¿Una educación de izquierdas?

Hablaba antes del verano con un amigo sobre la educación. Me decía que había algo que no entendía: si la gran mayoría de los padres quieren llevar a sus hijos a colegios de iniciativa privada, si allí hay menos problemas de orden y de convivencia, si son económicamente más eficientes, si se da una educación igual o superior que en las escuelas públicas, ¿por qué el gobierno se empeña en atacarlos? La respuesta me parecía clara: por ideología.

Digámoslo claro: todos sabemos que la educación es importante. Lo sabían ya los filósofos y los sofistas griegos, lo sabían los que crearon las primeras universidades en la Edad Media, lo sabía el pensamiento liberal, y lo acabaron sabiendo los marxistas cuando se dieron cuenta que el motor de la revolución social no era la economía, sino el control de la cultura.

Lo de la neutralidad de la educación no se lo cree nadie. Si sólo fuese transmitir información, nadie se preocuparía por ella. A través de la educación se transmiten unos valores y una concepción de la vida que influirá en la conducta de las personas en el futuro. Influir en la educación supone un impacto a largo plazo en la sociedad. Pensemos en el desmadre moral de la sociedad actual y si no tendrá algo que ver que quienes están entre los veinte y treinta años se educaron con la reforma educativa del primer gobierno socialista.

En lo que unos y otros difieren es en el modo de dar respuesta a este interés por la educación. La postura liberal dice: “puesto que es importante, dejemos que cada uno decida qué educación quiere que reciban sus hijos”. En cambio, la postura socialista dice: “como es importante, que el Estado decida qué educación se da”. Cuando se pretende que el Estado inculque la misma formación a todo el mundo, a esto se llama adoctrinamiento; y a quienes lo promueven, doctrinarios. La postura liberal puede llegar a ser mala si no se asegura que todo el mundo reciba un cierto nivel de educación; pero la postura socialista es siempre mala, porque ataca la libertad de las personas. ¿Es esa la “educación para la ciudadanía” que nos proponen?

Hace unos días me contaban la situación en una ciudad cercana a Barcelona. Una familia que ha vivido toda la vida en esa ciudad quiso matricular a su hija en el centro de educación primaria donde había estudiado la madre, y que en la actualidad es un centro concertado. Les dijeron que había una lista de espera de treinta y pico familias, que el Departament d’Educació no había contestado a su solicitud de ampliar el ratio de alumnos para acoger a toda la demanda que tenían, y que en cambio sí les habían obligado a reservar un número de plazas para inmigrantes. Después de recorrer varios centros y encontrarse con el mismo panorama, acabaron en un centro público de nueva creación, junto con otras cincuenta familias, la mayoría de ellas en su misma situación. Su hija iba a estudiar en barracones (porque, aunque el Govern prometió acabar con ellos, hoy hay más barracones que hace dos años), la programación del curso no estaba preparada y además les tocaría pagar el comedor y otros extras, porque con las prisas no se había podido destinar los recursos necesarios para el funcionamiento del centro.

Esta es la política educativa del Departament d’Educació: negar a las familias su derecho a la educación de los hijos, ahogar la iniciativa privada, y a cambio imponer un único modelo educativo, ofrecer improvisación, provisionalidad y caos, y ni siquiera respetar la gratuidad de la enseñanza.

La familia fue la batalla del curso pasado y todo parece indicar que la educación lo será del curso que empezamos. Ya es triste que temas tan fundamentales como estos se conviertan en objeto de batalla política, y dice mucho del verdadero talante de quienes nos gobiernan. Ahora que Zapatero nos ha aclarado que dejar de fumar es de izquierdas, uno se pregunta si también será de izquierdas negar los derechos de las personas e imponer la propia ideología. En todo caso quienes creemos en la libertad tendremos que estar activos.

(Publicado en ABC Catalunya, 21 de septiembre de 2005)

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